Resumen de la Ley 5 / 2003, de 4 de abril, de Salud de la CAIB. Resumen de la Ley 1 / 2006, de 3 de marzo, de Voluntades anticipadas de la CAIB.

a) Derechos básicos

Derecho a la asistencia sanitaria en los términos establecidos en esta ley.

• Derecho al respeto a la intimidad ya la personalidad, la dignidad humana ya ser atendido sin ningún tipo de discriminación.
• Derecho a obtener información sobre los diversos servicios sanitarios.
• Derecho a obtener una copia de la carta de derechos y deberes por la que se regirá la relación de los usuarios con los servicios.
• Derecho a hacer reclamaciones y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios ya recibir una respuesta en los términos previstos reglamentariamente.
• Derecho a ser informado adecuadamente, en términos comprensibles, sobre los factores, las situaciones y las causas de riesgo para la salud individual (consentimiento informado) y colectiva. Sin embargo, se respetará la voluntad del paciente, a quien se le ofrecen las siguientes alternativas:
  • No querer ser informado.
  • Darle la posibilidad de elegir entre diferentes opciones terapéuticas del centro.
  • Renunciar al tratamiento.
  • Autorizar expresamente a otra persona para recibir esta información.
• En caso de incapacidad del paciente para tomar decisiones, el derecho sobre cualquier tipo de intervención que afecte a su salud corresponde a los representantes legales determinados en la sentencia de incapacidad o bien, si no ha habido declaración judicial, a sus familiares , a su pareja y, subsidiariamente, a las personas cercanas al paciente.
• Derecho a recibir información sanitaria en la forma más idónea para comprenderla y en una de las lenguas oficiales de las Illes Balears, y asegurarse de que sea inteligible para los pacientes. Por otro lado, se deben implantar los medios necesarios para atender las necesidades lingüísticas de los usuarios extranjeros.
• El artículo 20 de la Ley establece la creación del Defensor de los usuarios, adscrito a la Consejería de Salud y Consumo, quien debe velar por la garantía de los derechos de los usuarios.

b) Deberes

Sin perjuicio de los deberes recogidos en la legislación básica estatal, los usuarios y sus familiares y acompañantes están sujetos a los deberes siguientes:

• Cumplir las prescripciones generales de naturaleza sanitaria comunes a toda la población.
• Utilizar las instalaciones de tal manera que se mantengan en las condiciones de habitabilidad, higiene y seguridad adecuadas.
• Velar por el uso adecuado de los recursos ofrecidos por el sistema sanitario, en cuanto a la utilización de los servicios, los procedimientos de baja laboral, la incapacidad permanente y prestaciones terapéuticas y sociales.
• Cumplir las normas y los procedimientos de uso y de acceso a los derechos que se otorguen a través de esta ley.
• Guardar respeto a las normas establecidas en cada centro y al personal que preste servicio.
• En caso de negarse a las actuaciones sanitarias y no aceptar el tratamiento, firmar el documento pertinente en que se exprese claramente que el paciente ha sido informado y que rechaza el procedimiento requerido.
• Avisar al sistema sanitario lo antes posible sobre la decisión de no querer hacer uso por cualquier causa de un servicio programado previamente.
• Cooperar con la autoridad sanitaria en la prevención de las enfermedades.

Derechos de las personas con enfermedad mental grave

• A recibir atención integral y multidisciplinar a sus problemas, procurar la colaboración con los servicios sociales de las Illes Balears y desarrollar los servicios de rehabilitación y reinserción social necesarios para tal fin.
• Se tendrá especial consideración de las actuaciones dirigidas a la atención psiquiátrica infantil y juvenil y la atención psicogeriátrica.
• Deben recibir apoyo las familias de estos enfermos y las asociaciones que desarrollan su función en el ámbito de la atención a la problemática de la salud mental, y facilitan los recursos adecuados para realizar su labor y promover la información, la formación y la participación en la planificación, los programas y las actuaciones en la materia.
• Debe garantizarse la actuación tutelar de la administración respecto de aquellas personas con enfermedad mental que así lo requieran.
• En el caso de que la persona con enfermedad mental haya ingresado de forma voluntaria en un centro asistencial, la dirección debe solicitar la correspondiente autorización judicial para la continuación del internamiento si desaparecen la plenitud de facultades del paciente.
• A que se revise periódicamente la necesidad de internamiento por sus personas con enfermedad mental que hayan sido ingresadas en un centro asistencial de manera forzosa.